El Tribunal Supremo establece que negarse a la segunda prueba de alcoholemia tras dar positivo en la primera es delito

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La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en el año 2015 por la que se introduce el nuevo recurso de casación ha permitido que un asunto de estas características acceda por primera vez al Tribunal Supremo ya que hasta entonces los delitos con penas de hasta cinco años de prisión no podían ser recurridos al Supremo.

La introducción del recurso de casación en casos de este tipo ha permitido al Supremo unificar doctrina en la materia relacionada con la negativa a realizar la segunda prueba de alcoholemia, delito tipificado en el artículo 383 del Código Penal  que prevé una  pena de seis meses hasta un año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópica.

Concretamente la sentencia 210/2017, que resuelve el recurso de casación 1859/2016, dictada por el Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo, considera que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia mediante un etilómetro autorizado de forma oficial, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal.

Para el alto tribunal la negativa “radical” de un conductor a someterse a la primera medición es una muestra de “rebeldía mayor” y por tanto merece una pena mayor, no obstante considera que negarse a la segunda tiene una gravedad “atemperada”, pero también supone un delito porque la prueba no se puede considerar como finalizada.

La sentencia destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado dejando claro que la finalidad que  busca el artículo 383 del Código Penal es desincentivar la negativa a someterse a esas pruebas.