La determinación de la cantidad líquida en el auto de cuantía máxima tras la reforma del código penal

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J. Ramón Vázquez. Abogado

Una de las consecuencias de la entrada en vigor de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha sido la derogación de los Juicios de Faltas, proceso en el que se debatían los ilícitos derivados de hechos de la circulación y cometidos por imprudencia leve, pues entre otras circunstancias, venían suponiendo una gran carga de trabajo para los Juzgados de instrucción.

Ya en los últimos años, los Juzgados instructores venían dictando Autos de sobreseimiento libre, respecto de los hechos derivados de la circulación de vehículos a motor en los que la imprudencia era levísima, bien derivado de los hechos –alcance trasero con daños materiales apenas perceptibles- o de su resultado -lesiones que no tuvieran la cualidad de delito-, y por idénticos motivos, se venían dictando sentencias absolutorias, al entender que se estaba vaciando de contenido el art. 1.902 C.C., relativo a la responsabilidad civil y sobre todo apelando a la intervención mínima del derecho penal.

El perjudicado por los hechos derivados de un accidente de circulación tenía dos formas de continuar la búsqueda de su resarcimiento, o bien dirigir su acción en uno de los procedimientos declarativos de la LEC o por el contrario solicitar el dictado de un Auto de Cuantía Máxima.

El Auto de Cuantía Máxima, viene a suponer la forma más rápida que tiene el denunciante/perjudicado para poder obtener una respuesta a la reparación de los daños sufridos como consecuencia de un siniestro de tráfico.

Su regulación continúa recogida en el art. 517 L.E.C., dentro de los títulos que llevan aparejada ejecución y concretamente en el número 2 apartado 8.ºEl auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

El problema en la actualidad se va a plantear cuando tras la presentación de la denuncia por hechos derivados de hechos de la circulación y si de su contenido se deduce que la responsabilidad de los hechos puede ser considerada como culpa leve o levísima, el Juzgado de instrucción procederá de forma inmediata al archivo de la denuncia, sin mayor trámite, por no ser merecedor de reproche penal, circunstancia que puede producirse en un momento posterior y si tras el informe de sanidad emitido por el médico forense, no fueren las lesiones, constitutivas de delito (art. 147 C.P. s.s), pero además y como ya venía produciéndose hasta la fecha, también se va a decretar el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento, libre o provisional, cuando el Juzgado reciba el parte judicial de lesiones, emitido por el Hospital donde ha sido asistido el perjudicado tras el siniestro.

Estas tres circunstancias, por lo tanto, van a poder avalar la solicitud del dictado del Auto del que estamos tratando.

Por otro lado, la regulación de la resolución ejecutiva que pretendemos, continúa regulada en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y concretamente en su artículo 13, viene a regular las diligencias preparatorias de la ejecución en el proceso penal y el tenor es el que sigue:

Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.

En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta motivada según las prescripciones de esta Ley, el juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes.

Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial.

De no alcanzarse el acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo de tres días desde la terminación de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno.

De esta forma, la causas para la solicitud del dictado continúan inalterables tras la reforma y por lo tanto, para que se dicte el Auto de cuantía máxima, habrá de terminarse el proceso, bien por la rebeldía del acusado; porque recaiga sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente.

Esto va a suponer que tras la denuncia de unos hechos, ya despenalizados; tras la emisión del informe de sanidad por unos hechos que no constituyan delito y cuando se reciba por el Juzgado el meritado Parte judicial de las lesiones, va a proceder de forma inmediata a dictar resolución que ponga fin, provisional o definitivamente al procedimiento, lo que va a facilitar, que tras cualquiera de esas formas de terminación del proceso, se abra la vía para solicitar el dictado del Auto.

Así, el Juzgado podrá requerir a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores con el fin de aportar Oferta motivada o respuesta motivada de conformidad con las prescripciones de la ley y de no constar esta, los convocará a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes.

Obviamente el problema esencial, se centraría en la ausencia de datos del Juzgador para determinar la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por el seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de la L.R.C., pues en la mayoría de los supuestos no va a tener el auxilio de la Clínica de Medicina Legal y Forense, ya que los médicos forenses no van a poder valorar las lesiones por el anterior archivo de las diligencias.

Dejando al margen, la resolución del problema que tratamos en la vía jurisdiccional civil, entendemos que única forma de solucionar la determinación de la cuantía máxima, antes de la entrada en vigor del nuevo Baremo aplicable a las lesiones de hechos derivados de la circulación, no podrá ser otra que la comparecencia que prevé la L.R.C. En dicha comparecencia se podrá aportar la oferta o la respuesta motivada, o en su caso, efectuar las alegaciones que se consideren convenientes.

Respecto de la oferta o respuesta motivada, las aseguradoras podrán tener base para efectuarla, de conformidad con los informes médicos que hayan podido emitir sus servicios periciales, siempre y cuando hayan tenido acceso al seguimiento del lesionado, pero carecerán de elementos de prueba suficientes, si el lesionado impide la vigilancia de las lesiones y por ende, el Juzgador, no podrá determinar la cantidad líquida máxima, si no se le aportan los datos mínimos que le permitan establecer el quantum indemnizatorio.

De esta forma y para darle una solución a la solicitud del perjudicado, parece que la podemos encontrar en el trámite de la comparecencia que la L.R.C. tiene previsto para efectuar, las alegaciones que consideren convenientes.

Así y llegados a este extremo y como consecuencia de la insuficiencia de datos para que se pueda dictar al Auto de cuantía máxima, las partes podrán solicitar el auxilio del Juzgador, bien para que el médico forense, tras la revisión del perjudicado y de la documentación aportada por éste, proceda a la emisión del informe de sanidad y se pronuncie sobre el alcance de la lesión o en su caso, requerir a ambas partes para que aporten informes médico de valoración, con el consiguiente perjuicio económico, en ocasiones, para el propio perjudicado.

Evidentemente, la situación que describimos se supone que ha de ser transitoria y que después de la entrada en vigor del nuevo Baremo aplicable, el problema quede resuelto con la intervención de los forenses en el procedimiento civil o como ya se ha sugerido, con su asesoramiento médico al Juzgador de instrucción, en el momento de la comparecencia para proceder al dictado del Auto de cuantía máxima.