La consideración de la oferta motivada como acto propio

La redacción del Art. 7 L.R.C., modificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incluido el precepto en el Capítulo III del Título I: Satisfacción de la indemnización en el ámbito del seguro obligatorio y bajo el epígrafe: Obligaciones del asegurador y del perjudicado, es, sin duda, el aspecto que mayor problemática está suscitando, tanto desde su aspecto teórico, como de su aplicación práctica y fundamentalmente al recoger una de las novedades más significativas de la regulación vigente, para proceder a la reclamación y obtención de la indemnización de lesiones ocasionadas por un siniestro derivado de un accidente de circulación, que no son otras que la obligatoriedad de oferta motivada y su contraria, la respuesta motivada.
La dificultad que entraña para el lesionado conseguir acceder a su interlocutor directo en las compañías aseguradoras, a quien remitirle la documentación médica y los gastos sobrevenidos; los problemas que tienen las aseguradoras para conseguir toda la documentación, hasta el momento en el que se lo remite el perjudicado o quien le representa; la desinformación que tiene el lesionado desde el momento mismo del siniestro y en ocasiones, el desamparo ante el que se encuentra para iniciar los trámites médicos asistenciales; la dificultad que padecen las aseguradoras para poder elaborar el informe médico que ha de acompañar a la oferta motivada, hasta el momento de recibir toda la documentación médica que se haya en poder de quien reclama; la dilación en los plazos. Todo ello, a pesar que la sugerencia que se le impone al asegurador: El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.

Son muchos los problemas creados al abur de la regulación del año 2015, que seguramente tenían, con la legislación anterior, mayor celeridad en su resolución, más objetividad y desde luego mayor comodidad para ambas partes, pues con la interposición de una denuncia, se iniciaban todos los trámites, sin que ninguna de las partes implicadas, pudiera sentirse más desfavorecida.

Planteamos aquí, otro problema que no hemos suscitado, todavía: una vez que la compañía aseguradora remite su oferta motivada al lesionado, ¿tiene ésta carácter de acto propio?. Es decir, ¿puede la aseguradora, posteriormente, en el supuesto de no haber sido aceptada por el receptor y en el seno del proceso declarativo, considerar que su oferta solamente se circunscribía a la negociación extrajudicial, tendente a alcanzar un posible acuerdo y negar la efectividad de los términos de la oferta realizada, en ocasiones de forma fehaciente?

El tenor del artículo 7 en su párrafo 2, señala: En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.

En este sentido, el precepto establece que para que la Oferta motivada sea válida y despliegue todos sus efectos, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.

b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.

c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.

d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

De una simple lectura ya podemos extraer, dos consecuencias: una, que si el asegurador entendiera acreditada la responsabilidad de su asegurado, deberá presentar una oferta; dos, a sensu contrario, si no entendiera acreditada la responsabilidad, remitirá, una respuesta motivada.

Con carácter imperativo, la propia legislación le impone una serie de requisitos a la aseguradora:

1º.- El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve.

2º.- Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.

Sin embargo, para el perjudicado, se le abren y posibilitan, una serie de opciones:

1º.- Aceptar la oferta y considerarse plenamente indemnizado.

2º.- Aceptarla a cuenta y sin renuncia del ejercicio de posibles acciones futuras.

3º.- No aceptar la oferta y en su caso se le otorgan otra serie de posibilidades:

a) Acudir al Médico forense para que emita un Informe de sanidad: En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.

b) Acudir a Mediación: Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes.

c) Instar un proceso declarativo en función del quantum indemnizatorio.

Obviamente es en el seno del declarativo, donde surge el problema que plateábamos. El lesionado recibió una oferta por un importe concreto, con asunción de responsabilidad o corresponsabilidad por parte de la aseguradora y ésta, ahora, en su oposición a la demanda, niega la conformidad con los hechos; se muestra disconforme con la mecánica; y ni tan siquiera consigna, ni hace ofrecimiento del importe que en su día remitió a través de la oferta motivada, sino todo lo contrario, entiende que el periodo de curación es menor (o inexistente) al que se solicita por el actor y al que se había recogido en la oferta, decir, no asume, su anterior asunción de responsabilidad.

Hemos de reseñar y poner de manifiesto que el artículo 7, expresamente exige al demandante, lo que sigue: No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

Si se exige como condición previa a la admisión de la demanda, la constancia de la oferta o respuesta, ¿qué sentido tiene que en la contestación no se haga el ofrecimiento por el importe de la oferta, no se consigne o incluso se hagan consideraciones que le permitan oponerse y renegar de su anterior asunción y ofrecimiento de pago?.

Entendemos, que la oferta motivada, con las consideraciones establecidas por el precepto de la L.R.C., reúne todos los requisitos, para considerarla como acto propio de la aseguradora, cuando sabemos, que la doctrina de los actos propios se basa en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe (art. 7 C.c.), que impone un deber de coherencia, que define la posición jurídica de su autor y limita su libertad de actuación.

Así el Tribunal Constitucional, establece las bases, para reafirmar la teoría que proponemos, al señalar, que: “la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos” (STC 73/1988, de 21 de abril).

La Sentencia de la AP de A Coruña, Sección 3, nº 94/2016, enumera los requisitos que conforme jurisprudencia constante, requiere la doctrina de los actos propios: 2º.-Como establece sistemáticamente la Sala Primera del Tribunal Supremo [sentencias 6 de octubre de 2015 (Roj: STS 4160/2015, recurso 1981/2013 ), 15 de julio de 2015 (Roj: STS 3423/2015, recurso 1633/2013 ), 9 de abril de 2015 (Roj: STS 1289/2015, recurso 670/2013 ), 3 de diciembre de 2014 (Roj: STS 5560/2014, recurso 1076/2013 ), 27 de febrero de 2014 (Roj: STS 637/2014, recurso 291/2012 ), entre otras muchas], la doctrina de los actos propios ( «nemo potest contra propium actum venire»), cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 del Código Civil , tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables, y se viene formulando como «quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real». Es decir, limita la libertad de actuación de una persona cuando objetivamente ha creado en la otra unas expectativas razonables de un determinado comportamiento, pues supondría que se ha creado voluntariamente una situación o relación de Derecho que no puede ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla. Es decir, la actuación anterior genera en la otra parte una expectativa razonable de que ese comportamiento se va a mantener, y no va a ser sorprendido por una conducta contraria al precedente.

Para su apreciación se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

(a)Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una conducta relevante, eficaz y vinculante. Que exista una conducta jurídicamente relevante previa y consciente de sus consecuencias. Que haya precedido la observancia de un comportamiento (hechos o actos), con conciencia de crear, definir, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica. Ese comportamiento sirve para generar obligaciones o derechos, modificarlos o interpretarlos. Pero para ello han de ser actos inequívocos (no dudosos o susceptibles de variadas interpretaciones), con conocimiento y voluntad de configurar de modo inalterable una relación o situación de derecho, con eficacia frente a otras personas (lo que excluye supuestos en que los actos están viciados por error o conocimiento equivocado). Es por ello que se insiste en que sean actos que tengan un carácter concluyente e indubitado, con plena significación unívoca del mismo, sin que exista margen de error por haber actuado el sujeto con plena conciencia de estar produciendo o modificando un derecho. Creación de un derecho o a la producción de una vinculación jurídica que debe ser muy segura y cautelosa en la apreciación. Es por ello que el Tribunal Supremo insiste siempre en expresiones tales como «Actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado, aquéllos cuya realización vaya encaminada a crear, modificar o extinguir algún derecho… y ha de ser concluyente e indubitado y de carácter inequívoco; precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica», que «el acto sea concluyente e indubitado», o «actos inequívocos y definitivos».

(b)Que exista una incompatibilidad del hecho o acto posterior con los hechos o actos anteriores; incompatibilidad o contradicción en el sentido de que no era esperable esta modificación de conducta conforme a las reglas de la buena fe. Que ese hecho o acto posterior resulte sorpresivo, inesperado por la otra parte, por ser totalmente contrario a lo que se vino haciendo hasta entonces.

(c)Que las expectativas defraudadas por la actuación posterior sean razonables (así lo indica la sentencia 523/2010, de 22 julio, al limitar la libertad de actuar a aquellos casos en los que «se han creado una expectativas razonables»).

(d)Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una perfecta identidad de sujetos…

3º.-Las ofertas de acuerdos amistosos, no aceptadas, no tienen ninguno de los caracteres que la jurisprudencia predica del acto básico cuya contradicción con la conducta posterior daría pie a la aplicación de la doctrina de los propios actos [ sentencias del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009 (Roj: STS 6178/2009, recurso 1129/2005 ) y 13 de marzo de 2008 (Roj: STS 3792/2008, recurso 378/2001 )]. Considerar lo contrario supondría vetar a las partes la posibilidad de cualquier negociación previa tendente a una transacción. La transacción constituye un contrato que dirime una controversia, mediante la composición de los intereses controvertidos (artículo 1809 del Código Civil ). Las tentativas o negociaciones encaminadas a lograr una transacción, cuando esta no llega a perfeccionarse, no pueden determinar el nacimiento de obligaciones en virtud del principio de los actos propios, pues por definición responden a una situación en la que se trata de lograr el fin de un conflicto mediante recíprocas concesiones que pueden comportar renuncia de derechos y solo pueden ser consideradas eficaces cuando el contrato se perfecciona en su conjunto y de acuerdo con su contenido definitivo.

Esta sentencia, hace además una consideración sobre los acuerdos amistosos, previos y extrajudiciales, que entendemos no se refieren al problema que estamos estudiando, pues los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la reforma y porque parte de la premisa de la obligatoriedad de la oferta motivada impuesta ex lege, cuando sabemos, que si la aseguradora no se considera responsable, puede emitir la respuesta motivada o como sucede en muchas reclamaciones, no llegar ni tan siquiera a responder, pero aún así, dejamos constancia de su argumentación:

4º.-Esta situación se acentúa aún más en el supuesto de entidades aseguradoras. La aseguradora puede preferir abonar un siniestro, pese a considerar que no es responsable, por simples motivaciones económicas: le sale más barato pagar que mantener un litigio. Pero si las ofertas no son aceptadas, obviamente no le vinculan; ni impiden que en el procedimiento posterior pueda alegar que no está obligada a hacerse cargo del siniestro. Es más, ni siquiera el hecho de que la aseguradora abonase importe señalado en el auto que constituye título ejecutivo impide que no pueda oponerse la culpa exclusiva de la víctima en el declarativo correspondiente [sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 (Roj: STS 7204/2010, recurso 1433/2006 ), 27 de marzo de 1988 (Roj: STS 4009/1988 )].

La oferta motivada, una vez que no se discute la culpabilidad, como acontece en este caso, es una obligación impuesta por el artículo 7.2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Por lo que de su formulación no puede desprenderse la existencia de un acto propio con efectos jurídicos vinculantes a ultranza. La oferta motivada vincula exclusivamente al pago de la cantidad ofertada, y con matices.

Sin embargo, más recientemente, la SAP Pontevedra Recurso 1890/2017, abunda en el planteamiento de nuestra tesis, al establecer:

“Es decir, la oferta motivada deberá hacerla el asegurador, solamente si entendiere acreditada su responsabilidad y cuantificado el daño (en otro caso, habrá de dar una respuesta motivada). Y, en el caso presente, como es evidente, la oferta se hace por la aseguradora en la medida en que asume su responsabilidad (desde luego, parcial) tomando como base el atestado policial, al tiempo que cuantifica el daño en razón a los conceptos que le aportan los informes médicos. Por consiguiente, hay un manifiesto, expreso e inequívoco reconocimiento de responsabilidad contractual (derivada del contrato de seguro), que obviamente no vincula al asegurado, pero si al asegurador y que cumpliendo los requisitos de aplicación de la doctrina de los actos propios, no puede desconocerse con posterioridad…

En idéntico sentido se pronuncian diversas Audiencias, así, entre otras muchas, en la SAP de Burgos de 13 de diciembre de 2007 o la SAP Córdoba de 5 de junio de 2015”.

Resumiendo y como conclusión, hemos de establecer, que el art. 7 L.R.C., precisa de una serie de requisitos imperativos y con condiciones, (acreditación de responsabilidad; obligatoriedad de acompañar la oferta/respuesta motivada con la demanda)…), que exigen que los actos realizados por el asegurador al emitir su consentimiento, en forma de oferta (cuando pudo hacerlo en forma de respuesta), no sólo como exigencia, sino también como asunción de voluntad, han de tener relevancia en el campo jurídico, lo que significa que en ningún caso, en el proceso declarativo, puedan contradecir a los anteriores, pues provocarían una situación de incertidumbre frente a los terceros afectados y que provocaría la quiebra del principio de buena fe determinado en el art. 7.1 del Código Civil.