ABUSO DE LOS BANCOS EN EL SEGURO DE VIDA PARA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Todos sabemos que con el préstamo hipotecario el Banco nos obliga a suscribir un seguro para amortizar el préstamo hipotecario en el supuesto de que el deudor fallezca o se le declare una incapacidad permanente o absoluta, siendo el beneficiario el propio Banco. Lo que la gran mayoría de las personas desconoce es que cuando se produce el fallecimiento o la incapacidad, los Bancos, en connivencia con sus aseguradoras, no atienden los requerimientos de los herederos o del propio perjudicado para que se cumpla el contrato de seguro, y les liberen de la deuda, alegando que el beneficiario es el propio Banco y, siendo el único legitimado, si el Banco no reclama la Aseguradora no paga.

En los supuestos de incapacidad, la Dirección General Seguros en sus resoluciones siempre ha mostrado tendencia a dar la razón al tomador perjudicado como “dominus negotii” del contrato de seguro, no siendo clara en los supuestos de fallecimiento. Nuestros Juzgados y Tribunales tampoco han mantenido un criterio pacífico en cuanto a reconocer la legitimación del tomador del seguro o de sus herederos para instar el cumplimiento del seguro, aunque es importante reseñar que el Tribunal Supremo ha puesto fin a la disparidad de criterios con su Sentencia de fecha 5 de abril de 2017, en la que reconoce que  “se ha venido pronunciando a favor de reconocer legitimación activa al tomador, sin perjuicio de cumplir sus obligaciones con el beneficiario, particularmente en casos como este de seguros de vida e incapacidad vinculados con un préstamo hipotecario en los que el primer beneficiario es la entidad prestamista”.

De ahí que la Sala considere que, “producido el siniestro (muerte o invalidez), la buena fe y el respeto a la moral determinan que no resulte jurídicamente explicable que el banco no reclame a la aseguradora y decida seguir exigiendo el pago del capital pendiente a los prestatarios asegurados: «No parece jurídicamente explicable que, producida la muerte o invalidez del prestatario asegurado, el mismo Banco que en su momento condicionó la concesión del préstamo a la concertación del seguro, que contrató el seguro colectivo como tomador y se designó a sí mismo como primer beneficiario para el caso de muerte o invalidez, pueda luego optar libremente por exigir el pago del capital pendiente ya al cónyuge viudo o al propio inválido, ya a la compañía de seguros, opción tanto menos justificable cuanto mayor sea la vinculación empresarial entre Banco y aseguradora, que si en este caso no está probado se diera al iniciarse el proceso, curiosamente ha acabado dándose por pertenecer la aseguradora al mismo grupo empresarial en el que posteriormente acabaría integrándose el Banco».

 Por tanto, “el afectado o sus herederos sí deben considerarse legitimados para activar el seguro, entenderlo de otra forma, equivale a poder dejar inermes al asegurado o su familia en un trance especialmente difícil que el asegurado quería evitar precisamente mediante el seguro”.

Ahora los Bancos han dado un paso más allá, ya que continúan adelante con el desahucio por impago del préstamo incluso en los supuestos cubiertos por el seguro para amortización del préstamo. Es decir, pretenden echar a la calle y quitar las viviendas a quienes ni siquiera tendrían obligación de pagar porque la única obligada al pago sería la propia compañía aseguradora.

El Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, D. Francisco Martín Castán, ha denunciado este nuevo abuso bancario vinculado a las hipotecas, explicó que a los tribunales están llegando casos de entidades bancarias que “tras haber exigido un seguro de vida para la concesión del préstamo hipotecario, al producirse el fallecimiento se desentiende del seguro y activan la ejecución hipotecaria para reclamar el inmueble sin esperar a que los herederos puedan cobrar el seguro y seguir cumpliendo los pagos”, lo que hace preciso “una reforma legislativa que impida estos casos”.

El problema que se produce es que la ejecución hipotecaria no puede paralizarse por la existencia del seguro que permite la amortización del préstamo, ya que las causas de oposición a la ejecución están tasadas por Ley y entre ellas no figura el cumplimiento del seguro, los Jueces pese a ver el abuso cometido, no tienen mucho margen para paralizar la ejecución sin apartarse de la Ley, máxime porque la acción para reclamar el cumplimiento del seguro tiene que realizarse en procedimiento declarativo y no en una ejecución, esto abunda en la urgencia de la reforma legal solicitada por los Jueces y Tribunales, a fin de que pueda paralizarse la ejecución y con ella el desahucio, si se inicia el procedimiento declarativo para obtener el cobro del seguro.

LOS ABOGADOS DE RECLAMACIONES SEGURAS TIENEN UNA DILATADA Y EXITOSA EXPERIENCIA EN ESTAS ACCIONES JUDICIALES.